Por Eduardo López Velasco[1]
El 15 de noviembre del 2019, compartí una reflexión en el Correo Ilustrado del Periódico La Jornada[2], en donde la mayoría de los comentarios iban encaminados a mostrar apoyo a Evo Morales, quien había sufrido un golpe de Estado en Bolivia. Mi reflexión giraba en torno a la importancia de que el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prestara atención a esta nueva modalidad de golpes de Estado suaves o blandos que se han desarrollado principalmente en América Latina.
El caso antes mencionado es claro ejemplo de cómo la política ha generado nuevos mecanismos para derrocar a los gobiernos que no son bien vistos por los Estados Unidos, quien apoyado por la burguesía nacional, juntos emprendieron estos nuevos mecanismos que poseen una tendencia a dejar atrás los golpes de Estado militares o por vía violenta, por lo que ahora se realizan por medio del aparato judicial de los diferentes países. Así pues, considero que existen elementos claros para que AMLO tome en cuenta, ya que hay elementos en México que se han utilizado en Latinoamérica.
Un buen punto de arranque sería ir definiendo qué se entiende cuando hablamos de lawfare, al respecto Rafael Bielsa y Pedro Peretti plantean lo siguiente:
Es una distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por jueces al servicio del poder político-económico-mediático, que persigue a los opositores al modelo de apropiación inequitativa. Es una guerra judicial, cuya principal artillería es la manipulación de los magistrados, y de su tarea, que es impartir justicia. Los protagonistas del lawfare nunca son las leyes, sino los jueces que las interpretan sesgadamente al servicio de poder. Los magistrados han sido cooptados en reemplazo de los militares, que ya estaban demasiado desacreditados a los ojos de la población por su protagonismo en materia de violación a los Derechos Humanos durante las dictaduras (Peretti, 2021:13).
Un punto importante de la consideración de Bielsa y Peretti es que este tipo de golpe de Estados se realiza bajo el cobijo del aparato de judicial, pero desde una perspectiva sesgada, a saber, no en búsqueda de la justicia, sino como mecanismo para quitar a los adversarios políticos. A su vez, Camila Vollenweider y Silvano Romano apuntan sobre el lawfare que:
Es el uso indebido de los instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción (Romano, 2021:1).
De la anterior cita, podemos encontrar semejanza con la reflexión de Bielsa y Peretti en lo referente a que el lawfare es un uso faccioso de las leyes, además aporta un elemento que fundamenta el papel de los medios de comunicación masiva, tema que desarrollaré más adelante. Otro punto de encuentro entre los autores es que señalan que el uso de la palabra lawfare fue utilizada por primera vez en el libro Unrestricted Warfare (1999) de Qiao Liang y Wang Xiangsui, sobre estrategia militar. Se vuelve de uso común en el 2001 entre las Fuerzas Armadas y el círculo de intelectuales entre los que destaca, Charles Dunlap de la Duke Law Scholl (Peretti, 2021) (Romano, 2017).
Vollenweider y Romano, señalan que entre los elementos clave para la construcción del lawfare se encuentran: 1) timing político; el caso judicial se hace público en momentos que pueden tener un alto costo político, 2) reorganización del aparato judicial; las élites con el control del aparato estatal ponen en puestos clave (abogados, jueces, fiscales) sujetos vinculados al poder en turno para atacar al adversario político, 3) doble rasero de la ley; si bien pueden salir varios casos de corrupción se “elige” de cerca unos y se desestiman otros. Las tres dinámicas clave antes mencionadas no se pueden fraguar sin el apoyo de los medios de comunicación masiva que operan como “periodismo de guerra” de forma transversal, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos y ocultar otros (Romano, 2017).
Entre las puestas en marcha de la estrategia del lawfare y su uso para debilitar a los Estados Nacionales o actores políticos encontramos varios casos en América Latina, entre los que destaca el golpe de Estado suave en Brasil, conocido como Lava Jato, donde se puso en marcha una estrategia para desprestigiar y quitar de la presidencia a Dilma Rousseff y encarcelar a políticos cercanos a ella, como el expresidente Lula da Silva, a quienes se les acusó de pertenecer a una red de corrupción en contubernio con la empresa paraestatal de Petrobras, el timing político fue justo durante la campaña de reelección de Rousseff, buscando beneficiar a su contrincante político, Aécio Neves; el proceso desembocó en un Golpe de Estado suave, el Congreso destituye a Rousseff y posteriormente asumió la presidencia Michel Temer (Romano, 2017). Otros casos representativos de la estrategia lawfare en Latinoamérica son: la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, los procesos en contra de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el Golpe de Estado suave contra Evo Morales en Bolivia, la persecución de Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, etc. (Peretti, 2021), (Martí, 2020), (Scharager, 2020).
Cabe preguntarnos ¿en México hay evidencia de qué se esté fraguando un golpe de Estado suave? Desde mi reflexión puedo mencionar que sí, existen pequeñas muestras de esta estrategia. En el Documental Guerra Hibrida[3] de Daniel Marmolejo se menciona que: “Para desestabilizar un gobierno democrático y obtener el control de los recursos, la economía y la política, a favor de los intereses de la élite, se ensayarán estrategias no convencionales. Destruir la escala de valores de la sociedad es el fin máximo de la guerra híbrida”. Más adelante, Daniel Estulin expone cómo el neoliberalismo acarreó una serie de cambios que han exacerbado el individualismo, en donde se busca desplazar al Estado por el mercado para la generación de riqueza. Bajo esta perspectiva, en el caso de México se puede observar que el 10% de los ricos concentra el 64% de la riqueza nacional, esto se ha podido lograr a través del uso del poder político que defiende los intereses de clase. Los medios de comunicación son la parte más visible, pero lo más fuerte de la guerra hibrida se encuentra en el Poder Judicial.
Para reforzar la tesis de una guerra hibrida, Magdalena Galindo (2021) plantea que desde el triunfo de AMLO en el 2018 se ha modificado la correlación de las fuerzas sociales, lo que ha generado que la derecha de forma desesperada acelere su estrategia de golpe blando. Galindo argumenta, siguiendo las tesis de Marx y Engels sobre su concepción del Estado y cómo éste se convierte en una especie de comité organizador que representa los intereses de la clase dominante, que en ocasiones el Estado no actúa como siervo de esta clase social, sino que podría velar por los intereses y demandas de las clases trabajadoras con el fin de evitar estallidos sociales. Durante la globalización se pretende homogenizar los intereses nacionales alineándose a las políticas neoliberales a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), esas acciones han afectado los intereses de la burguesía nacional, algunos teóricos han llamado a este fenómeno como el surgimiento de un Estado supranacional, pero la autora prefiere analizarlo desde el concepto de hegemonía. Esta reflexión puede ayudarnos a entender cómo los empresarios nacionales e internacionales que se han visto afectados por las acciones gubernamentales emprenden una lucha por recuperar el poder político del Estado.
Otro aspecto interesante de la reflexión de Galindo es cuando ofrece un recuento de las estrategias que han emprendido los enemigos políticos de la Cuarta Transformación, entre las que destacan: En el 2019, Fox y Calderón participaron en marchas para repudiar a AMLO; en octubre del 2019, el general Carlos Gaytán Ochoa asegura que los militares están ofendidos por las acciones gubernamentales; en febrero del 2020, agricultores encabezados por alcaldes y diputados locales panistas toman la presa La Boquilla en Chihuahua; en abril del 2020, llamado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial a organizarse para alcanzar la revocación de mandato; en septiembre del 2020, en medio de la pandemia, 10 gobernadores, la mayoría panistas, crean la Alianza Federalista; septiembre 2020, toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese mismo mes, inician los plantones del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA); en octubre 2020, creación de Sí por México encabezado por el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos y por Claudio X. González de Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción; en diciembre 2020, se anuncia que el PRI, PAN y PRD van juntos para las elecciones del 2021 (Galindo, 2021:7-8).
Así pues, como parte de las reflexiones finales me gustaría señalar que las forma de dominación y las estrategias para dar golpes de Estado se han modernizado, por lo tanto podemos hablar de golpes de Estado blandos o suaves, guerra hibrida o lawfare, en donde la columna vertebral ya no es la violencia o coerción física, ahora la presión se ejerce por canales más sutiles como los medios de comunicación y el control de las instituciones del poder Judicial. Sin embargo, en el caso de México, es evidente el uso faccioso de otras instituciones que buscan hacerle frente al gobierno, de los ejemplos más claros tenemos al Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova, a quien en múltiples ocasiones se le ha acusado por emprender acciones apoyando a la oposición; también es interesante lo ocurrido en los casos de los candidatos a las gobernaturas de Guerrero y Michoacan, Felix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, a quienes se les retiró su candidatura por no haber entregado reporte de cuentas, en cambio no actuó de la misma forma en los casos de Nuevo León, donde Samuel García rebazó los topes de campaña por millones, además de estar acusado de triangulación de recursos de origen ilícito, la resolución del INE fue no anular la elección y poner solo una multa millonaria. En el caso de Chihuahua sucedió algo semejante, la candidata, y ahora gobernadora electa, Maru Campos fue acusada de superar los topes de campaña, además de estar vinculada a un proceso legal por haber sido parte de la red de desvío de recurso del ex gobernador Cesar Duarte, ante los alegatos de inconformidad por parte de la bancada de MORENA, el 29 de julio del 2020 el Tribunal Estatal declaró la validez de la elección.
Otro mecanismo de gran importancia es el uso del Poder Judicial para poner amparos a los proyectos realizados por AMLO, como el Tren Maya, El Aeropuerto Felipe Ángeles, la Reforma de Energética, etc. Es interesante la declaración del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán[4], quien mencionó: “Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, al criticar la penosa actuación de los jueces colocando obstáculos a los operativos y a los detenidos de presuntos narcotraficantes.
Los medios de comunicación también hacen su trabajo desinformando y alineándose a los intereses de la burguesía nacional e internacional, que han sido golpeadas en sus intereses económicos. Respecto a los medios hay que tener cuidado, ya que explotan las desgracias sociales para criticar al gobierno sin importales realmente los afectados o las víctimas, pues solo les interesa politizar.
Por último, es importante señalar las organizaciones con apoyo del extranjero, entre las que resaltan las Organizaciones No Gubernamentales en especial Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ligada a Claudio X. González, quien de manera abierta ha mencionado que es un opositor del gobierno de AMLO, el financiamiento proviene de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El presidente Obrador, ha pedido aclarar el financiamiento a esta ONG que va en contra las relaciones de respeto mutuo y no intervención propia de la relación entre los gobiernos[5]. Otra institución que ha tenido una actitud crítica con el gobierno de AMLO es la OEA, en especial por su representante principal, Luis Almagro, quien ha sido acusado de fraguar golpes de Estado, como el de Bolivia. A su vez, hay algunas acciones o declaraciones de AMLO que han sido tomadas como desafíos contra los intereses de los Estados Unidos, como el acercamiento económico de México a Rusia y China, el apoyo a Cuba, así como oponerse a su bloqueo, también el llamado a reemplazar a la OEA y construir un organismo realmente autónomo y no lacayo de nadie. En ese sentido, el estudio de caso de las estrategias emprendidas en Latinaomaerica son de suma importancia para estar alerta y anticipar las próximas eventualidades que se puedan sucitar en México.
Bibliografía.
Figueroa, R. A. (2021). Prensa y poder en México. Apuntes para un análisis en la 4T . Memoria. Revista crítica militante, 23-27.
Galindo, M. (2021). El golpe blando contra AMLO y la 4T . Memoria. Revista de Crítica militante, 3-8.
Martí, J. L. (20 de Febrero de 2020). Lawfare: Judicialización de la política o politización de la justicia. Lawfare y democracia. El derecho como arma de guerra. . Obtenido de Revista Idees: https://revistaidees.cat/es/lawfare-y-democracia-el-derecho-como- arma-de-guerra/?pdf=25051
Peretti, R. B. (04 de Abril de 2021 ). Lawfare. Guerra judicial mediática. Desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner. Obtenido de Planeta de Libros Argentina: https://planetadelibrosar0.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/42/41624_TPCW_ Lawfare.pdf
Romano, C. V. (03 de 2017). Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. Obtenido de CELAG: https://www.celag.org/wp- content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf
Romano, S. M. (2021). El lawfare, la lucha anticorrupción y su impacto geopolítico. Memoria. Revista crítica militante, 39-42.
Scharager, A. (2020). Más allá del lawfare: avatares de la judialización de las políticas públicas y los conflictos sociales en Argentina y América Latina. Revista de Direito da Cidade, Abril.
[1] Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM SLT). Temas de investigación: antropología política, análisis de poder y relaciones de dominación, comunes digitales, cinematografía y consumos culturales.
[2] Eduardo López Velasco, La importancia de mirar al sur en Correo Ilustrado, La Jornada. Puede consultar en: https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/correo
[3] Documental Guerra Híbrida (2020) de Daniel Marmolejo producida por 4a República, pueden consultarse los cuatro episodios en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nZWh_PVd1E0&t=4s
[4] Artículo de Fabiola Martínez y Laura Poy: Parece ser que en el Poder Judicial está el enemigo: Marina, publicado en la Jornada el 24 de mayo del 2021, puede consultarse en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/22/politica/parece-ser-que-en-el-poder-judicial-esta-el-enemigo-marina/
[5] Artículo de Fabiola Martínez y Néstor Jiménez: AMLO reitera a EU que aclare financiamiento a Claudio X. González, publicado en la Jornada el 15 de mayo del 2021, puede consultarse en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/13/politica/amlo-reitera-a-eu-que-aclare-financiamiento-a-claudio-x-gonzalez/
