La prevención situacional del delito como estrategia para crear comunidades habitables

Por Verónica Ethel Rocha Martínez

Los espacios comunes en conjuntos habitacionales también expresan el clima social de una comunidad. Los lazos comunitarios se vuelven acciones para mantener habitables calles, áreas verdes, parques y jardines, es a partir de la recuperación de ese tejido social como es posible favorecer estrategias de prevención del delito. En el cuidado de estos espacios las comunidades manifiestan el aprecio por su territorio y el empeño por convivir de manera respetuosa y civilizada; son zonas para el esparcimiento, la promoción del deporte y la cultura asociadas como inherentes al desarrollo humano.

I. Qué es la prevención situacional del delito

La prevención situacional del delito se considera una estrategia basada en la influencia psicológica del contexto para prevenir conductas disruptivas.

David Garland explica en el libro “La cultura del control” que los ciudadanos se ven influidos por el contexto a tal grado que este puede definir su comportamiento cívico.

El ejemplo más común que ilustra la forma en que acontece la prevención situacional del delito tiene que ver con la “Teoría de las ventanas rotas” expuesta por Wilson y Kelling en 1966. Esta teoría refiere que, ante un entorno cuidado las personas que lo habitan actúan también cuidándolo; mientras que en ambientes de deterioro, suciedad y caos, las personas cometen más acciones vandálicas, según Sergio Parra, especialista de TecnoXplora (2017).

Para otros expertos en prevención del delito se hace necesario investigar, analizar y conocer la situación social y de inseguridad que acontece en el entorno, según señala Mónica Ramos (2020) .

Así pues, si consideramos el contexto que atraviesa México como país, se advierten una serie de situaciones entre las que destacan las siguientes, de acuerdo al experto en seguridad Mario Arroyo:

• Elevados índices de inseguridad y victimización
• Existencia de grupos armados
• Violación a los derechos humanos
• Impunidad
• Insuficiencias en el marco jurídico
• Sistema penitenciario inoperante
• Ineficacia de las instituciones
• Corrupción
• Desconfianza ciudadana
• Ausencia de la cultura de la legalidad
• Delincuencia organizada
• Ciberdelincuencia

En contraste, las acciones de las personas al interior de sus comunidades también generan cambios y hacen posible la convivencia, la seguridad, la eficacia de las instituciones administradoras de justicia, la vigilancia y la restitución de la confianza y la legalidad entre sus miembros. Sin embargo, poco se logra si las condiciones en las que viven los habitantes de una comunidad vulneran cotidianamente los derechos más básicos y esenciales como el acceso al trabajo, a la salud o a la educación.

En ocasiones, la falta de alfabetización tecnológica repercute en la omisión parental en cuestiones como el ciberacoso, las venganzas mediáticas y la Ciberdelincuencia, arriesgando la integridad de los menores que buscan atraer seguidores sin pensar en su integridad o creando dinámicas de hostigamiento dirigidas principalmente a mujeres.

También ocurre, que miembros de una comunidad se sumen a venganzas mediáticas desestabilizando emocionalmente a las víctimas de este tipo de agravios. Se trata, en todo caso, de exhibirlas como personas indeseables a partir de la agresión verbal, del hostigamiento constante a su propiedad y su familia; este tipo de agresión representa un ingreso fácil a costa del daño psicológico de las personas y por tanto, acontece impunemente como un tipo de tortura psicológica impartida por miembros de la sociedad que en todo caso son manipulados por discursos de odio.

 

II. Por qué importan los espacios comunitarios

En este contexto, las personas que habitan los espacios comunes en las zonas habitacionales cambian su percepción ante su entorno, convierten estos sitios en formas de expresar el arraigo a un territorio que se convierte paulatinamente en su patrimonio.

Cuando se trata de conjuntos habitacionales en los que se habilitaron áreas deportivas, zonas escolares, áreas verdes y zonas comerciales, estos espacios sufren constantes cambios y por tanto, se convierten en espacios vivos. En ellos se aprecia la necesidad de generar lazos tanto económicos como sociales.

En ocasiones, son los condóminos quienes favorecen el cuidado de las áreas verdes, al sembrar en ellas, limpiar y regar cotidianamente, estas acciones fomentan y facilitan vínculos entre los habitantes.

El informe redactado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública en 2018 establece diferentes estrategias de intervención urbana en seguridad, básicamente se concretan en tres tipos de acciones:

• Reducir la percepción de la inseguridad en la población.
• Reducir las oportunidades para cometer delitos.
• Facilitar el control social de la comunidad sobre espacios urbanos comunes.

Para facilitar el control social de la comunidad sobre los espacios comunes, las acciones de la administración pública deberían realizar regularmente la limpieza, riego y cuidado de las áreas verdes asociadas a parques, jardines, plazas cívicas y zonas escolares.

Algunos referentes teóricos asociados a la prevención situacional del delito tienen que ver con el comportamiento de las comunidades, al respecto, la teoría de Jacobs concebida en 1966 en “Vida y muerte de las ciudades”, propone que los sujetos sociales habiten todos los espacios urbanos, ya que al haber un mayor dinamismo las personas están atentas a lo que ocurre en su entorno.

En similar sintonía, es posible ubicar la propuesta del arquitecto Oscar Newman, quien en 1972 estableció su concepto de “Espacio definible” como aquel en el que los residentes de un conjunto habitacional tienen control de las zonas a su alrededor – ya sea del espacio público, pasillos, aéreas recreativas, escaleras– y por tanto logran disminuir los delitos.

Para Ray Jeffery, también hay otros factores además del diseño del ambiente que ayudan a prevenir los delitos, encuentra que hay algunos principios necesarios, tales como la vigilancia, la territorialidad, el control de accesos y la participación comunitaria.

Por otro lado, el Fondo Nacional de Seguridad Publica (2018) señala los lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial e indica como rasgos identificables zonas con alto nivel de deterioro y abandono, con poca iluminación, sitios baldíos o no visibles al espacio público.

Ante este panorama, los habitantes de cualquier conjunto urbano se convierten en actores imprescindibles para poder articular las acciones de prevención del delito en sus comunidades, por ello, su participación es imprescindible al articular espacios para el fomento a la cultura, el deporte y la sana recreación. Aunado a este tipo de estrategias, se requieren actividades vinculantes de participación ciudadana que paulatinamente se vuelvan habituales para el resguardo y conservación de los espacios comunes.

III. Cómo se favorece la convivencia social

En un estudio realizado por Jorge Montejano, Camilo Caudillo y Mauricio Cervantes (2018), se analizaron diferentes indicadores de segregación residencial asociados a 121 conjuntos urbanos desarrollados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en la década del 2000 al 2010. Entre los puntos a destacar, los autores de este estudio consideran que la política de desarrollo de vivienda en el siglo XXI en México promovió la construcción masiva de conjuntos habitacionales en municipios de la periferia de las zonas urbanas con una baja mezcla de uso de suelo.

A partir de ese escenario, muchos de estos desarrollos se consideran dentro de dinámicas de segregación residencial. Tal situación ocurre cuando los habitantes de un conjunto habitacional no pueden acceder a satisfactores básicos como el empleo, el equipamiento educativo, la salud, la cultura y la recreación. A medida que la falta de satisfactores básicos se incrementa, las viviendas serán paulatinamente abandonadas. Al respecto, los autores del estudio observan con preocupación este tipo de evento en diferentes desarrollos residenciales del municipio de Huehuetoca.

Montejano, Caudillo & Cervantes (2018) concluyen que gran parte de los 121 conjuntos habitacionales analizados, presentan segregación en indicadores como el hacinamiento y el acceso a servicios de salud; también existe rezago educativo en personas de quince años o más, aunado a un limitado acceso a la educación en grados escolares de nivel primaria y secundaria.

Los autores observan también bajos valores de accesibilidad al empleo, en particular el asociado al comercio al por mayor y a servicios, que de acuerdo al estudio, representó un sector favorable para la inserción laboral en la ZMVM.

Las características de accesibilidad a satisfactores básicos conllevan y conforman escenarios disruptivos que delimitan las interacciones entre los habitantes de estos conjuntos residenciales.

Un sector de la población afectado por las circunstancias limitativas del entorno, corresponde a los jóvenes de entre 8 y 15 años. En observaciones realizadas en un conjunto habitacional en un Municipio de la ZMVM, se detectaron indicadores demográficos limitantes asociados a aspectos de segregación residencial. Se aprecia en las interacciones de las familias con los jóvenes las siguientes características:

1. Los padres tienen difícil acceso a opciones laborales.
2. Las familias que viven en calidad de arrendatarios presentan más dificultades económicas y en ocasiones es la madre el único sostén familiar.
3. Las familias viven condiciones de hacinamiento cuando habitan en viviendas con más de cinco personas.
4. El nivel educativo de quienes son jefes de familia es bajo y deben trasladarse a otros estados para poder optar por una fuente de ingresos.
5. Ambos padres trabajan largas jornadas, por tanto, no hay control parental.
6. Todos los adultos en el hogar realizan una o más jornadas laborales y ello impide la atención parental en las interacciones y acciones de sus hijas e hijos.
7. Solo un padre trabaja y el ingreso en el hogar resulta insuficiente por lo que su jornada se prolonga y no es posible dedicar tiempo al cuidado de sus hijas e hijos.
8. Al existir una condición económica insuficiente ocurren crisis familiares y los jóvenes viven maltrato en el hogar.
9. Los jóvenes participan en venganzas mediáticas por una retribución, sin pensar en las consecuencias o justificando sus actos a partir de discursos de odio.
10. Si los padres favorecen el que los jóvenes participen en venganzas mediáticas por una retribución que requieren, el joven adquiere impunidad para cualquier acto disruptivo que cometa en la comunidad, pues el control parental es de complicidad.
11. Al convivir con otros jóvenes en igual situación, se asocian para generar múltiples transgresiones al orden y a la convivencia armónica en sus comunidades.
12. Los hijos de policías en mayor medida, manifiestan conductas violentas y disruptivas acordando las actividades de hostigamiento que se deben realizar.

La reunión de más de tres jóvenes con este tipo de limitaciones genera entre ellos un comportamiento transgresor que les hace sentirse impunes ante sus faltas al no haber respuesta por parte de sus padres en relación con los límites que deben mantener para la sana convivencia.

Entre las conductas que con frecuencia alteran la convivencia se encuentran agresiones leves a la propiedad de otros habitantes con mejores condiciones económicas, pero también porque el vecino en cuestión les ha llamado la atención. Es así como los jóvenes consideran nuevas agresiones como parte de ajustes de cuentas y actúan lesionando la propiedad de quienes los limitan.

Entre las actividades en agravio a otros habitantes es común el maltrato a las plantas, árboles y flores en las áreas comunes, tirar basura en los lindes de la propiedad de quienes consideran los agravian al ponerles límites, dejar las heces de sus mascotas en las zonas comunes o en la propiedad de cualquier vecino que no sea de su agrado, instigar para que niños más pequeños rompan plantas y sustraigan diferentes artículos de los jardines.

En otros casos, los menores infractores promueven rayar vehículos, trepar por las ventanas en las viviendas vacías y, en casos extremos, se insta a los más pequeños a pelear para insensibilizarlos ante la violencia y el dolor.

Si el límite ante estas acciones no se origina en sus entornos familiares, será difícil poder contener las actividades disruptivas de estos jóvenes que una vez agrupados y motivados pensarán que cualquier acto de transgresión se justifica.

Ante un escenario así, las actividades de promoción de las artes, lúdicas y recreativas asociadas a la integración social y a una convivencia real no proselitista representan una vía necesaria para reconstruir una autoimagen positiva en cada uno de ellos.

Entre las estrategias de apoyo a la integración de los habitantes de este tipo de comunidades, el rescate de las zonas comunes evitará que paulatinamente sean espacios baldíos, basureros o prados inundados de heces fecales de mascotas.

El valor cívico de estas acciones implica integrar a los jóvenes en actos que les restituyan la conciencia de su persona, la autoestima, la sensibilidad y la empatía. Para que poco a poco, logren revertir el daño sufrido ante las agresiones vividas en su núcleo familiar pues éstas son limitantes, y de no trabajarse generarán un resentimiento social internalizado.

IV. Derechos económicos, sociales, culturales (DESCA) y ambientales en la prevención situacional del delito

En 2015, Luis Raúl González Pérez señaló acerca de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales (DESCA) que para muchos se trata de declaraciones de buenas intenciones o meros compromisos políticos; su ejercicio pleno adolece del presupuesto necesario para lograr avances visibles.

El panorama de este tipo de derechos no resulta alentador en México, sin embargo, se ha tenido algún avance en materia legislativa. Esto resulta claro en las reformas a la constitución política realizadas en 2009 y 2012, pues se reconoce el derecho de toda persona a la cultura y, posteriormente, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Si bien es cierto, a decir de González Pérez, que la promoción, protección y garantía de los DESCA es un asunto fundamental para la existencia del bienestar social pues se trata, en todo caso, de que todas las personas tengan acceso a los satisfactores mínimos para una vida digna; como hemos visto en este análisis la segregación residencial representa una barrera para el ejercicio de estos derechos.

No podemos omitir los acuerdos internacionales suscritos por México en materia de Derechos Humanos en ese sentido, ya que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), vigente desde 1976, se establecen una serie de deberes y compromisos asumidos por los Estados que los suscriben

Los distintos niveles de obligación de los Estados ante los DESCA según expone García (2015), consideran:

1. No obstaculizar ni impedir su ejercicio, en ese sentido se trata de que el Estado bajo cualquier agente evite intervenciones arbitrarias que minen el ejercicio de estos derechos.
2. Regular, inspeccionar y sancionar que terceros, y en particular los poderes privados, controlen los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, suministro de agua potable, saneamiento, producción y distribución de alimentos.
3. Para realmente cumplir con las demandas de estos derechos, se deben identificar las situaciones de carencia y crear las condiciones de acceso a los bienes objeto de estos derechos.
4. Las actuaciones al implementar medidas para garantizar este tipo de derechos deben ser transparentes y públicas.
5. En el acceso a este tipo de derechos queda prohibido establecer diferencias injustificadas.

En relación con la segregación residencial en los conjuntos habitacionales de la Zona Metropolitana del Valle de México, es claro que muchos de estos niveles de obligación se han omitido por parte del Estado y los poderes municipales.

La deuda pendiente en los conjuntos habitacionales atañe a aspectos tan básicos como el acceso a la salud, a la cultura, a espacios para el aprendizaje de las artes, a escuelas de nivel medio y superior y fuentes de trabajo cercanas.

De no modificar el empeño en el logró del ejercicio de estos derechos, el costo será irreversible en relación con las conductas disruptivas que los jóvenes sostienen, acrecientan y generan ante la ausencia de posibilidades para el ejercicio de su derecho a la educación, al sano esparcimiento, al acceso a la cultura, a la lectura, a las artes y al deporte como medios para generar una autoimagen positiva, valiosa, comunitaria y empática.

Bibliografía.

García, A. (2015) Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) como derechos exigibles en el nuevo constitucionalismo Latinoamericano. México: CNDH.

Garland, D. (2005) La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa. P.p. 463.

Montejano, J.; Caudillo, C. & Cervantes, M. (enero-mayo, 2018) Viviendas de interés social, segregación residencial y accesibilidad: análisis de 121 conjuntos urbanos en el arco nororiente del Valle de México, 2001-2010. Estudios demográficos y urbanos. Vol. 33, No.1 (97), p. 187-224.

Parra, S. (2017) Prevención situacional del delito: cambiando el contexto para prevenir la delincuencia. TecnoXplora. Obtenido de: https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/divulgacion/prevencion-situacional-delito-cambiando-contexto-combatir-delincuencia_201711225a156ef00cf2f56e3eb0b866.html

Ramos, M. (2020) Prevención situacional del delito. Seguridad en América. Obtenido de: https://seguridadenamerica.com.mx/noticias/articulos/26072/prevencion-situacional-del-delito