Por Nohemi Guadalupe González López
Sin duda todas las mujeres hemos atravesado por un acontecimiento de violencia de algún tipo, un grito en la calle, una mirada lacerante o una falta de respeto en el salón de clases o lugar de trabajo. Es cierto, la violencia de género nos atraviesa a todas. Sin embargo, a algunas, además de la violencia, nos atraviesan muchos otros factores, como la posición económica, la clase social, identidad de género, el grupo etario, el racismo, el idioma, el lugar de nacimiento y residencia; todas éstas, condiciones de desigualdad estructurales, a las que una genealogía de mujeres feministas, como Kimberle Crenshaw, ha llamado interseccionalidad.
En este sentido, es necesario no olvidar que las mujeres sufrimos violencias diferentes, recordemos aquel suceso cuando mientras una colectiva de alumnas del ITAM llevaban a cabo una protesta pacífica, María Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de la FUNAM y esposa del rector del ITAM, descalificó la protesta y los tendederos de denuncia; mientras les rebatía a las protestantes, su chofer le abría la puerta de su automóvil. Y claro, aunque es muy probable que haya sido víctima de violencia de género en algún momento de su vida, igual de probable es que no haya sufrido violencia de la misma forma en que la sufre una mujer que cruza todos los días la ciudad en transporte público para ir a trabajar 12 horas, pues esta última tendrá muchas más condiciones de vulnerabilidad.
Este escenario se replica en todas partes, miremos ahora el ámbito de la impartición de justicia, de las denuncias frente a las fiscalías; además, la mayoría de los procesos por violencia familiar también se acompañan de demandas familiares por cuanto hace a divorcios, alimentos o guarda y custodia.
Aunque, en un primer momento, para la presentación de la denuncia no es necesario que las mujeres se acompañen de un abogado o abogada particular, durante la integración de su carpeta de investigación y desahogo de audiencias es sumamente importante contar con un asesor jurídico para el éxito del proceso penal, a esto habría que sumarle que, en muchos casos, el agresor es el único integrante de la familia que cuenta con trabajo remunerado.
Por otra parte, por la vía familiar, la presentación de una demanda requiere de inicio el pago de los servicios de una abogada o abogado para escribir y presentarla ante los tribunales, sin mencionar todo el procedimiento subsecuente y la duración que éste implique.
Ante dicho panorama, la justicia para las mujeres víctimas de violencia es un privilegio, es sólo para aquellas mujeres que tienen los medios económicos para enfrentar un proceso. Para las mujeres que viven en las periferias, marginadas, las que no saben leer ni escribir, las que hablan un idioma distinto al hegemónico, las que no cuentan con un nivel de estudios que les permita comprender la funcionalidad de las instituciones, las que tienen que viajar horas para acceder a una asesoría jurídica o una atención de salud integral, para ellas la violencia de género es más cruda y la justicia más omisa o desgastante.
Durante mi experiencia en la atención a Mujeres Víctimas de Violencia, todos los casos han merecido especial atención, cada uno con sus particularidades. Empero, mi ejercicio de acompañamiento me ha permitido reconocer en la praxis que aunque la violencia duele a todas las mujeres, hay mujeres que sufren la pérdida de un auto propiedad del agresor como medio de transporte, mientras que otras, no pueden vincularse a un empleo por no saber leer ni escribir o en espera de la resolución de su demanda.
