¿Cuándo llega la justicia?

Por Humberto Orígenes Romero[1]

En diciembre del 2018, el 53% del país se llenó de esperanza. Se prometieron muchas cosas, entre ellas, la impartición de justicia. Prontamente se estableció una comisión de la verdad para el Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Con el descubrimiento de los restos de Jhosivani Guerrero en junio de este año, ya se han encontrado a tres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del 2014. Aquí tal vez cabe una propuesta: decir “nos faltan cuarenta” ayudaría a mantener vivo un caso que ha perdido luz y trascendencia debido a la normalización del asesinato en México. Por ello me permito pensar si no sería adecuado mantener viva y móvil la cifra de desaparecidos para no dejarlos en el olvido y seguirlos buscando.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la liberación por razones humanitarias y de justicia de presos sin sentencia desde hace años y de quienes padecen enfermedades graves y han cometido delitos menores. Lo que trae al frente casos como el de Israel Vallarta, preso sin sentencia desde hace más de diez años, o el de Brenda Quevedo Cruz, presa por el supuesto secuestro y posterior asesinato de Hugo Alberto, hijo de la hoy activista antisecuestro y excandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Isabel Miranda.

Pensar en la liberación de los hoy convertidos en víctimas del sistema penal en México como lo son los implicados en los casos Cassez/Vallarta o Wallace es alentador. Y no alentador porque estemos seguros de que son inocentes quienes hoy están en la cárcel sino porque el propio Estado mexicano ha ensuciado sus procesos de tal forma que hoy es imposible continuar con los juicios y saber la verdad. De tal suerte que, conforme a Derecho, estas personas deberían recobrar la libertad de manera inmediata.

Y no sólo eso, aún falta que los responsables de empañar el proceso de impartición de justicia sean castigados conforme a la ley. Es inadmisible pensar que las propias autoridades encargadas de hacer valer la Constitución sean quienes imposibilitan el cumplimiento de la misma. Además, es imperdonable la falta de ética de “periodistas” que se han prestado a circos mediáticos como el montaje del rancho Las Chinitas en el que se simuló la detención de Florence Cassez, Israel Vallarta y otras personas.

Queda esperar al 15 de septiembre, fecha simbólica, pues tenemos un mandatario muy afecto al simbolismo. A propósito de la Independencia, cabe resaltar que López Obrador ha solicitado un par de veces las disculpas de la corona española con respecto a los abusos cometidos en la Conquista; de igual forma, el tabasqueño ha pedido perdón públicamente a comunidades como los Yaquis por el genocidio ocurrido durante gran parte del siglo XIX y el Porfiriato. Mientras esto ocurre, la SEGOB ha reportado que al menos 68 indígenas defensores del medioambiente y 43 periodistas han sido asesinados.

Asimismo, hace poco más de veinte días se llevó a cabo una consulta cuya finalidad, según la extraña pregunta impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la boleta del INE, era el esclarecimiento y justicia para los casos ocurridos en los sexenios anteriores. Un ejercicio poco difundido, una pregunta indefinida y una campaña en su contra fueron probablemente los causantes del desinterés de la población. Solamente el 7% acudió a las urnas.

Y no nos confundamos, la Consulta Popular está en ley desde el 2014, en concordancia con los artículos 35 y 39 constitucionales que tratan del derecho a votar y ser votado y de la soberanía popular sobre el ejercicio político y gubernamental, respectivamente. Esperemos que este tipo de métodos sean en el futuro herramientas reales y no de simulación para que la ciudadanía mexicana esté en condiciones de hacerse escuchar por aquellos a quienes elige como representantes en un cargo de elección popular.

Emular consultas como las que son usuales en algunas naciones europeas y en los Estados Unidos es menester en un México en el que pareciera que ser funcionario público es una carta abierta para que se asignen sueldos y prebendas escandalosas a costa del erario o la promulgación de leyes y concesión de beneficios a intereses muchas veces oscuros. La justicia no ha llegado, pero pensar en ello debe ocuparnos como sociedad.

Es innegable que AMLO sabía que los 37 millones de votantes del padrón electoral que se requerían para la validez de la consulta eran inalcanzable. Es obvia la práctica demagógica. Pero es plausible la inauguración de un periodo de ejercicios democráticos como éste. Por más clasistas que sean algunos, el gobierno no se le debe dejar a unos cuantos iluminados. Nos urge una adecuada concientización política. Negar la importancia de una consulta popular es un acto antidemocrático sin más.

Por último, se debe mencionar un acto inédito en la política mexicana y probablemente inaudito a nivel global: el canciller Marcelo Ebrard ha anunciado la demanda a por lo menos quince fábricas de armas en tribunales de Massachusetts buscando el resarcimiento de los daños que la venta libre de armamento en Estados Unidos causa a nuestro país.

Se sabe que son realmente las ferias de armas, usuales en el país vecino, las que generan la importación ilegal a manos del crimen organizado y no la propia venta en tiendas la causante del tráfico a México. Es menester recalcar que incluso voces opositoras al gobierno lopezobradorista, como lo son los Krauze, expresaron es sus cuentas de Twitter el apoyo a esta acción legal.

Y no, la justicia en México no ha llegado. El territorio nacional se ha convertido en un campo minado de fosas clandestinas, desapariciones, amenazas públicas y abiertas a periodistas y ambientalistas entre otras cosas. Pero conviene irlo pensando, conviene buscar el esclarecimiento de tantos casos de injusticia. Es urgente sanear nuestro sistema penitenciario y sacar de prisión a tantas víctimas de la fabricación de culpables de gobiernos que, ante la ineficacia en la persecución del delito decidieron atropellar los procesos jurídicos y los derechos humanos de tanta gente.

1. Humberto Orígenes Romero Porras. Egresado de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara, exatleta paralímpico (2006-2017), partidario de las causas justas, aficionado a la literatura, la historia y el buen futbol. ↑