Mujeres afrodescendientes frente al segregacionismo racial y el racismo lingüístico de las políticas migratorias en México, República Dominicana y Chile.
Por Ana Hurtado
Las detenciones por razones migratorias son una práctica generalizada en todo el mundo. Bajo el argumento de la seguridad nacional, distintos países han impulsado políticas migratorias que vulneran, de manera sistemática, los derechos de las personas en movilidad humana. La violencia de las mujeres afrodescendientes que migran permanece aún en un silencio estratégico que no da cuenta de los factores de riesgo que enfrentan y, mucho menos, visibiliza el clima de la violencia racial focalizada.
Las redadas migratorias de Estados Unidos han acaparado la atención de la prensa durante las últimas semanas, debido a las formas en que agentes del Inimigration Customer and Enforcement (ICE) han ejecutado distintas detenciones por razones migratorias. En redes sociales se ha documentado el uso desproporcional de la fuerza, abuso de poder e, incluso acosos xenófobos en el transporte público, restaurantes y casas, lugares donde el ICE llega simulando operativos de seguridad para amedrentar a personas migrantes.
Esto también ha sucedido en República Dominicana, donde el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el actual presidente Luis Abinader, han reforzado la criminalización y persecución de las personas haitianas. Uno de los casos más recientes, documentado por la organización “Haitianos en RD”, se trata de una mujer de nacionalidad haitiana embarazada que fue detenida en la vía pública, afuera del metro Mamá Tingón, en Santo Domingo, República Dominicana. En el video, difundido en Instagram, se observa a cuatro agentes de la Policía Nacional cargando a la mujer para obligarla a subir a un vehículo, sin tener el menor cuidado por su condición gestante, mucho menos, por procurar una comunicación efectiva en su idioma. Ese video forma parte de un amplio archivo documental que ha sido compilado por “Haitianos en RD”, gracias al cual, se tiene registro de los allanamientos perpetuados en los bateyes, casas y espacios públicos, así como del uso desproporcional de la fuerza con que la Policía Nacional suele actuar.
El 30 de agosto del 2018, en Chile, Joane Florvil, una mujer haitiana residente del país fue acusada por abandono de menores, detenida y trasladada a la 48° Comisaría de Asuntos de Familia, donde, además, fue encerrada en un calabozo. El motivo de su arresto fue un abuso de poder: ella había acudido a los Carabineros para denunciar el robo de sus documentos personales, luego de intentar aplicar a un trabajo. Cuando intentó denunciar, los Carabineros le expusieron que no era posible proceder, debido a que necesitaban sus documentos de identificación. Al otro día regresó al lugar para intentar, una vez más, recuperar los documentos que le habían sido robados. Sin embargo, la barrera idiomática no le permitía expresar su situación. Florvil iba con su hija pequeña. Ante la imposibilidad de comunicar lo que estaba sucediendo, Joane dejó a su bebé en una carreola, junto al guardia de seguridad para buscar a una persona que le ayudara a traducir. Al cabo de 15 minutos, volvió al lugar y lo encontró cerrado. No supo tampoco sobre su hija. El Guardia, junto con otros dos funcionarios, interpusieron una demanda contra Joane acusándola de abandono de menores. Horas más tarde Joane fue arrestada y sometida al escrutinio público.
En agosto del 2019, en el contexto de unas protestas contra los abusos del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, México, algunas mujeres de nacionalidad africana que estaban embarazadas, fueron agredidas por elementos del INM, debido a los golpes, una de ellas perdió a su bebé. En ese mismo estado de la frontera sur mexicana, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional han realizado “operativos de seguridad” en hoteles y plazas públicas, caracterizados por despliegue de unidades vehiculares que rodean los sitios, acciones de revisión migratoria y desalojos forzosos que tienen como desenlace la detención y el traslado de personas para ser alojadas, de manera temporal, en Estaciones y/o Estancias Migratorias —lugares donde, por cierto, se han documentado violencias que van desde la discriminación lingüística hasta tratos torturantes—. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Migración estuvo involucrado en diversas operaciones negligentes que vulneraron la integridad de las personas en movilidad humana. Los actos de control migratorio estuvieron marcados por el constante uso desproporcional de la fuerza, el abuso policial, los tratos torturantes y los desalojos forzosos.
En esta investigación, Enpoli, indaga en cómo los patrones de segregación racial y el racismo lingüístico afectan a las mujeres afrodescendientes migrantes en tres países: México, Chile y República Dominicana. La información presentada es producto de entrevistas, revisión hemerográfica y solicitudes de acceso a la información. Demostrando las deficiencias estatales en materia de justicia racial y prevención de la violencia de género.
Las cifras
De acuerdo con los dato recopilados para esta investigación mediante la Unidad de Política Migratoria, existe una aparente disminución en los índices de personas de nacionalidad extranjera que han sido víctimas de algún delito en territorio mexicano entre el 2022 y el 2024. En el lapso de 2016-2022, 47 mujeres de nacionalidad extranjera reportaron haber sido víctimas de violencia sexual, de las cuales 30 fueron por violación, y 6 manifestaron haber sufrido agresión sexual física. Respecto al delito de agresiones y amenazas, durante el mismo periodo, 9 mujeres fueron víctimas de agresión grave. En lo concerniente al delito de coacción por extorsión o chantaje, las cifra es de 62. Mientras tanto, en el periodo de enero a diciembre del 2024, los delitos que han afectado más a las mujeres son el secuestro, el secuestro de menores, la trata de personas para otros fines y la explotación sexual de adultos. De enero a diciembre del 2022, las mujeres provenientes de Centroamérica con una situación migratoria irregular fueron las más vulnerables ante los delitos en territorio mexicano. Sin embargo, pese a que esta información corresponde a personas usuarias de las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del INM, es evidente la incomprensión de la violencia fronteriza, condicionada por dos violencias muy específicas: la institucional y la del crimen organizado.
Es importante destacar que estas cifras reflejan un gran sesgo respecto a dos cuestiones: la pertenencia étnica y la lengua, esto como consecuencia de la falta de una perspectiva antirracista e intercultural tanto en el levantamiento como en el análisis de datos. Esta es una cuestión preocupante, dada la realidad de la migración extracontinental y regional del país, pues existen mujeres afrodescendientes no hablantes de español, ¿cuántas violencias no están siendo denunciadas por la barrera del idioma?
Por su parte, en Chile, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones, entre el 2017 y el 2022, la población migrante de nacionalidad haitiana reportó un incremento de aproximadamente 35%. Algo relevante a puntualizar, es que en Chile no existen cifras sobre los delitos cometidos contra personas de nacionalidad extranjera, pero sí existen datos que ahondan en la relación entre criminalidad e inmigración.
Según la Encuesta Nacional de Inmigración (ENI) 2017 de República Dominicana, entre el 2012 y 2017, hubo un incremento del 7.4% de personas de nacionalidad haitiana. Así mismo, la ENI reporta que del total de mujeres haitianas en R.D, 47.5% son nacidas en Haití.
Respecto a los delitos cometidos contra mujeres haitianas, el Instituto de Migración de República Dominicana, mediante el Estudio Cualitativo sobre la trata de mujeres extranjeras en la República Dominicana, señala que las mujeres haitianas se encuentran en los grupos más vulnerables, junto con las mujeres de nacionalidad venezolana y china.
Movilidad humana en clave afrocentrada
Aunque existen datos que dan cuenta de las composiciones etarias y de género, es necesario sostener una exigencia por la desagregación de los mismos incluyendo variables de autoidentificación y lengua para esclarecer cómo las violencias afectan de manera diferenciada a las mujeres afrodescendientes en el contexto de una migración extracontinental y regional.
Si bien el artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación racial establece que “ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación alguna en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en el trato de las personas, grupos de personas o instituciones, por motivos de raza, color u origen étnico.”, actualmente nos enfrentamos a aparatos estatales que promueven la segregación racial mediante políticas migratorias. Lo que durante mucho tiempo se ha abordado como exclusión, xenofobia y discriminación, tiene un trasfondo segregacionista, dado que mantiene patrones orientados a la separación sistemática de personas por razones de lengua, raza y color de piel. El enfoque de la seguridad nacional ha blindado a las políticas migratorias para perpetuar patrones de segregación racial que ponen en riesgo la integridad de las personas, además de reforzar estigmas y estereotipos raciales.
No faltan ejemplos: en México, algunas compañías de autobuses niegan la venta de boletos para personas de nacionalidad extranjera, limitando la movilidad de las personas por el territorio. Incluso, activistas y organizaciones que acompañan casos han señalado prácticas higienistas que obligan a las personas migrantes a bañarse para poder abordar unidades de transporte. En República Dominicana además de los allanamientos, es bastante común que la Policía Nacional intercepte buses y guaguas para realizar acciones de control y revisión migratoria, solicitando indentificaciones, sobre todo, en los trayectos hacia la frontera sur con Haití.
Pero además, existen otras medidas mucho más institucionalizadas, como el carácter retroactivo de las leyes que cancelan la nacionalidad de las personas para relegarlas a una condición de apatridia y, con ello, anular una serie de derechos. Tal es el caso de República Dominicana, donde desde el 2013, la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional decretó la desnacionalización de personas haitianas nacidas en R.D desde 1929 hasta el 2010. Además del evidente retroceso jurídico, esto también se tradujo en una política de contención, dado que los documentos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana fueron invalidado. La condición de apátridas, dio margen para que el estado dominicano —caracterizado por un cimiento de blanquitud— reforzara el odio anti-haitiano, homologando la situación de las personas haitianas con las de asecendencia haitiana y, en términos de derecho, se trata de dos figuras totalmente distintas.
No es exageración ni victimismo. Es una realidad. En contextos de movilidad humana, las mujeres afrodescendientes enfrentan una estructura profundamente violenta que agudiza las condiciones de vulnerabilidad. Hablamos, pues, de una violencia poco comprendida y visibilizada. Una violencia que existe, es real y, peor aún, sistemática.
Racismo lingüístico
La intención de este texto es que quien lo lea pueda mirar otras caras —no tan visibles— del monolingüismo: por un lado, entender que constituye una múltiple vulneración de derechos humanos y, por ende, afecta en el goce de una vida libre de violencia. Por otro, comprender el patrón de segregación racial de las detenciones por razones migratorias.
Gabriel Nascimento señala que el racismo lingüístico va de “identificar la racialización que ocurre en, por y mediante la lengua. Las expresiones como “lado negro” u “oveja negra”, son ejemplos de esta racialización, que ya no se puede esconder en la superficie del lenguaje. El racismo expresado en metáforas o a través del uso de la propia palabra “negro” es un ejemplo del racismo por la lengua. El último tipo de racismo lingüístico que destacaría es aquel que ocurre mediante la lengua, que se diferencia del racismo “por” la lengua porque se fomenta en las llamadas políticas lingüísticas. Éstas son, en la mayoría de los casos, políticas directas o indirectas del Estado, que seleccionan los hablares de los pueblos blancos como los más adecuados y dignos de ser hablados o enseñados. Así, una manera de entender la imposición del racismo lingüístico es a través de la políticas migratorias, las cuales son pensadas con una lógica punitiva y de coerción que atraviesa la lengua. Racismo lingüístico es que, en el marco de una migración extracontinental y, por tanto, pluricultural, el acceso a atenciones y servicios continúe sosteninéndose en el monolingüismo. Discriminación lingüística concierne a la forma en que autoridades e instituciones enfrentan con negligencia la diversidad de lenguas.
La discriminación lingüística ha sido mayormente abordada desde la relación entre el castellano y las lenguas indígenas originarias, sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre las lenguas afrodiaspóricas. En el contexto de la migración extracontinental y regional, están ocurriendo pérdidas lingüísticas, dado que las personas son obligadas a aprender una lengua para poder ser comprendidos como sujetos de derecho. Para Michel-Ange Joseph, presidenta y co-fundadora de la Fundación CIJYS, en Chile, el racismo lingüístico produce injusticia lingüística, y ésta “busca quitarnos el alma, quitarnos la dignidad, quitarnos el ser y hacernos sentir otras personas o tomar la misma forma de las personas que dicen ser ejemplos o personas civilizadas para que nosotros, nosotras y nosotres, perdamos nuestra identidad y que podamos transformarnos en piezas para ellos y utilizar cuando ellos quieran”.
Ana Belique, activista e integrante del colectivo Reconoci.do, recuerda la vez que su madre, de nacionalidad haitiana, la acompañó a una cita médica, y le dijo que nunca escuchaba cuando la llamaban: “ella me lo decía porque cuando llegaba su turno y la llamaban, las personas no sabían pronunciar su nombre, por lo tanto, ella nunca se daba cuenta que sí era ella que estaban llamando, porque su nombre está escrito en francés, entonces ella para una persona que habla español, muchas veces tiene estas dificultades para pronunciar un nombre escrito en francés o en otro idioma, entonces “mami” siempre me contó que sentía esa preocupación de que a veces estaba en el hospital y esperaba para ser atendida y nunca escuchaba. Sí imagino que muchas veces la dejaron de última solo porque no sabían quién era esa persona ni como llamar por su nombre”. Además, también recuerda que cuando en el 2015 comenzaron los planes de regularización los apellidos afrancesados o no españolizados fueron un motivo para cuestionar la identidad dominicana de las personas de ascendencia haitiana que buscaban arreglar su condición de apatridia. “Los oficiales del registro civil, por ejemplo, cuando llegaban y veían el nombre de tu mamá y ella, y el apellido, o de tus padres o de tu padre entonces te decía “¡oh! esto es un HH” significa hijo de haitiano, entonces a partir de ahí se quedaba ya este tema de la discriminación”.
Mientras realizaba un voluntariado en el departamento de enfermedades terminales e infectología, en un Hospital de Chile, Michel-Ange atestigüó cómo fueron atendidas unas personas de nacionalidad haitiana portadoras de enfermades infecciosas como el VIH-Sida, a quienes las recetas se les entregaban sin traducción, por lo que no sabían como tomar los medicamentos, y la institución carecía de servicios de traducción.
En México el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) mediante el Informe Nos tienen en la mira El impacto del racismo anti-negro sobre las personas migrantes africanas en la frontera sur de México, documentó que en Tapachula, Chiapas, la Asamblea de Migrantes Africanos, denunciaba que autoridades del Instituto Nacional de Migración los obligaban a “firmar documentos [de migración] que no entendían” y, pese a los largos periodos de espera, no se les asignaban intérpretes o traductores. Aunque entre las Normas para el funcioamiento de Estaciones Migratorias y Estancias provisionales del INM, se establece que las personas tienen derecho a contar con un intérprete o traductor que facilite la comunicación en caso de que existan personas no hablantes de español, y se afirma que “las instalaciones migratorias cuentan con dispositivos digitales de traducción simultánea para garantizar el derecho a la comunicación de las personas migrantes que no hablen o entiendan el idioma español”, la realidad es muy distinta y se ve rebasada por el desconocimiento de la diversidad lingüística, pues existen casos donde las personas solo hablan lenguas maternas de matriz africana, que además son variantes de regiones, es decir, no son sustituibles con inglés o francés.
Al respecto, la Unidad Administrativa del Instituto Nacional de Migración, mediante una solicitud de información, declaró que no cuenta con información relacionada con quejas o denuncias por discriminación lingüística contra personas afrodescendientes migrantes y que, como parte del compromiso con la no discriminación, el INM ha implementado:
· la formación de personal en temas de atención sin discriminación y manejo de idiomas
· Equipos de traducción simultánea en oficinas centrales del INM para personas no hablantes de español
· Intérpretes para asegurar que las personas migrantes puedan comprender sus derechos y participar plenamente en su procedimiento administrativo migratorio.
Para entenderlo mejor: la gravedad del racismo lingüístico es que dota un soporte operativo a las políticas migratorias, dado que la barrera idiomática refuerza la impunidad de la violencia racial y, sobre todo, de las políticas anti-negras. Aterrizado en situaciones de movilidad humana, si las personas no hablantes de español desean agilizar procesos o comenzar a insertarse en la vida económica, se ven obligadas a contratar servicios de traducción, exponiéndose así a estafas, fraudes o extorsiones. Aunado a ello, la falta de espacios que permitan y fomenten las lenguas maternas de las personas migrantes merma la salud mental. Ahora bien, en clave de género, ese desgaste se ve intensificado por la acumulación de experiencias traumáticas derivadas de violencias físicas, sexuales y económicas que viven las mujeres afrodescendientes en migración.
¿Por qué se desconoce tanto sobre la violencia de género racializada?
De acuerdo con el Informe de OXFAM, Rompiendo moldes. Una radiografía de las VBG, racismo y desigualdad. Estudio regional sobre imaginarios de género en la juventud de LAC, la revictimización de mujeres cis, trans y racializadas es una de las violencias institucionales más comunes, “prevalece una atención inadecuada y la culpabilización de las víctimas, así como altas tasas de impunidad de los perpetradores”.
Prevalece una lógica masculinizada en los datos que llegan a constituir demandas o quejas ante instancias federales. De ahí la urgencia por empujar datos desagregados que, a su vez, incorporen las variables de lengua y autoadscripción.
Una manera pues, de comenzar a entender cómo la violencia de género afecta de manera diferenciada, es mediante el acceso a servicios de salud, educación, así como en las representaciones mediáticas. A partir de eso, se pueden identificar el alcance de los perfilamientos raciales y cómo esta práctica afecta el goce de una vida libre de violencia.
En videollamada, Michel-Ange Joseph declara que la Fundación CIJYS ha comenzado una investigación por esterilizaciones forzadas practicadas en mujeres de nacionalidad haitiana.
En llamada telefónica, Ana Belique señala que en República Dominicana es común que las autoridades desestimen los testimonios de las mujeres haitianas “yo he escuchado a muchas personas decir “bueno pero que es que ella ni siquiera sabe hablar entonces cómo le vamos a creer, o sea, no la entendemo […] si es una migrante va y pone la denuncia, pero, no tiene todas las palabras necesarias para poder explicar su caso o simplemente no se le presta como la misma atención cuando es una mujer pobre e inmigrante y no tiene como las palabras necesarias para articular en el idioma de español”. Por otra parte, las medidas de desnacionalización impactan de manera directa en las posibilidades de movilidad social y desarrollo profesional de las mujeres afrodescendientes, limitando oportunidades laborales y restringiendo el acceso a la educación, pues la invalidez de los documentos, significa una exclusión focalizada de los espacios educativos.
En México, las desapariciones y los asesinatos de mujeres afrodescendientes son escasamente cubiertos y no se consolidan como líneas de investigación de largo aliento, quedando apenas en la nota roja o en la noticia exprés. Las barreras idiomáticas restringen el acceso a servicios básicos, pero, sobre todo a la justicia. Los patrones de segregación racial y el racismo lingüístico si existen y constituyen violaciones a los derechos humanos.
Para avanzar hacia una justicia racial efectiva es necesario, primero que todo, desplazar la solidaridad del lugar hegemónico, es decir, analizar los paralelismos entre el actual proyecto ultranacionalista de Donald Trump con las políticas migratorias militaristas, aporofóbicas, y anti-negras de otros países de América Latina. El perfilamiento racial no es seguridad nacional.
