Por Víctor Salmerón
El aborto realizado en condiciones de riesgo o inseguras es un problema que pone en peligro la salud y la vida de numerosas mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, pero en El Salvador, país en donde tal práctica es ilícita en cualquier circunstancia y penada hasta con 50 años de cárcel, y doce para el personal médico que se prestara a facilitarlo, se hace más indiscutible la existencia de esta problemática. Es, pues, evidente que este asunto necesita ser estudiado y analizado sobriamente para poder ofrecer una opinión que se ajuste a las exigencias del contexto.
Al analizar este problema a nivel mundial, resulta interesante ver cómo casi todos los países en Europa han despenalizado tal práctica ―con ciertas condiciones eso sí―, y esto ha dado como corolario la reducción indiscutible de excesivas muertes innecesarias de mujeres en edades de reproducción por realizarse abortos de manera insegura y con personal incompetente. Es curioso que después de que tantos países de Europa, Asia, África y América Latina lo hayan despenalizado —algunos de manera absoluta y otros con ciertas condiciones— en El Salvador, junto con cuatro países más, se siga manteniendo una posición tan tozuda y desfasada sobre este asunto.
Según la OMS: “El aborto peligroso se produce cuando una persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias” (OMS, 2019). El aborto peligroso es, entonces, una práctica que tiene como objetivo central intervenir y terminar con un embarazo no deseado en condiciones que definitivamente no brindan ni los requisitos mínimos que un aborto legal demanda.
Ahora bien, pese a que en ciertos países del mundo el aborto sigue siendo ilegal ―específicamente en cinco países, tres de ellos en América latina y sólo dos fuera de ese continente―, éste se sigue efectuando; a decir verdad, en los países en desarrollo en que está penalizado ―los cuales en su mayoría lo consideran ilegal e inmoral sobre todo por los prejuicios que destilan de las concepciones religiosas― parece ser que va en aumento en vez de ir disminuyendo. Según el Centro por los Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), “las restricciones legales sobre el aborto no resultan en menos abortos, sino que obligan a las mujeres a arriesgar sus vidas y su salud al tener que acceder a la interrupción del embarazo en condiciones inseguras” (Demirdjian, 2019, Párr.7).
De acuerdo con la OMS: “entre 2010 y 2014 hubo en el mundo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados (en condiciones de seguridad o sin ellas)” (OMS, 2019). De éstos, “[s]egún los cálculos, cada año hubo en el mundo unos 25 millones de abortos sin condiciones de seguridad, casi todos ellos en países en desarrollo (OMS, 2019). Por ello, es conveniente resaltar que el aborto es un derecho del cual no todas las mujeres pueden gozar. El CRR sostiene que existen “[n]umerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y constituciones a nivel nacional en todo el mundo. Estos instrumentos fundamentan el aborto seguro en una constelación de derechos, incluidos los derechos a la vida, a la libertad, a la intimidad, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Así pues, aun con los grandes avances que se han obtenido en naciones desarrolladas por los cuales el aborto se realiza de una forma segura y legal ―eso sí, sin negar que siguen existiendo prejuicios, sobre todo de índole religiosa―, éste sigue siendo tremendamente impopular en algunos países del mundo. La aceptación de esta práctica como un derecho del cual toda mujer debería gozar, en varios países del mundo, no ha sido admitida legal ni culturalmente. Incluso, en los países de cultura cristiana, esta práctica es vista como algo inmoral y la despenalización de ésta como algo monstruoso. Los cristianos conservadores, incluyendo a gran parte de los progresistas, en conjunto, están a favor de lo que ellos llaman la vida, concepto tan basto que puede ser estudiado desde muchos enfoques.
Así pues, existen grupos cristianos evangélicos y católicos organizados en contra de la despenalización del aborto ―aunque no todos los que los componen son cristianos comprometidos y profesantes― que se denominan a sí mismos como “pro-vidas”. La tesis principal que defienden es que desde el momento de la fecundación, la mujer porta dentro de sí una vida, una persona humana con todos los derechos que una persona tiene. En consecuencia, ellos consideran el aborto como un asesinato por el cuál las mujeres deberían pagar aquí en la tierra, legalmente, y en el más allá, en el infierno, lugar donde Dios mandará a todos los malvados y pervertidos, pues ellos lo consideran como un pecado, un delito digno de recibir doble castigo, humano y divino. Según esta perspectiva fundamentalista, todo el que apoye en alguna forma la despenalización del aborto es un “pro-muerte”. A esta visión simplista en su ensayo “10 tesis sobre la relación entre aborto y biopolítica”, el profesor Luis Martín Cabrera rebate:
“El término ‘pro-vida’ introduce en el debate una antinomia falsa que sitúa el debate en un dilema ético y moral falso: ni las personas que están a favor del aborto son pro-muerte –por más que las etiqueten de ‘asesinas’—ni las personas que están en contra del aborto son pro-vida. El término vida no es ni ahistórico ni neutro. La obra de Michel Foucault, Giorgio Agamben o Roberto Esposito ha mostrado convincentemente que en la modernidad colonial el objetivo de la dominación se centra sobre toda una serie de tecnologías que tienen por objeto producir, administrar y dominar la vida. Esto implica, por un lado, que la ‘defensa de la vida’ no es natural como se pretende, sino que está inscrita, por un lado, en una racionalidad epistemológica que la hace legible al margen de la historia y, por otro, la sujeta a un poder que se articula cada vez más como biopoder: poder de producir vida (biopolítica) y su reverso, la muerte (tanatopolítica). La cruzada por la vida así, como objeto arrojadizo, aparece como un tótem que oculta otros crímenes inconfesables, acaso más truculentos. Por eso, lo contrario de ser pro-vida no es ser pro-muerte sino estar dispuesto desnaturalizar la naturalidad con que se invoca la vida como un valor moral en sí mismo”. (Cabrera, 2015, Párr. 3)
Si bien estos grupos pro-vidas seguirán en sus tozudas posiciones, y eso solo demuestra su falta de profundidad en el análisis de las causas y las consecuencias que hacen de este problema; hay países en los que, producto de los altos índices de muerte en el sector femenino que la prohibición absoluta del aborto ocasionaba, se motivó a despenalizarlo evitando así condenas innecesarias para miles de mujeres por abortos espontáneos.
Sólo de 2013 a 2016 hubo 70 mujeres perseguidas judicialmente por abortos espontáneos (Foca, 2018). Además de que, se estima, “en los países en desarrollo, cada año hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas a consecuencia de un aborto sin condiciones de seguridad”. Esta problemática, junto a la presión que realizan los colectivos en pro de la mujer y los organismos internacionales, se piensa, ha motivado a muchos países a suavizar las leyes en contra de las mujeres que deciden realizar tal acción. Esto ha dado como resultado que el aborto sea aceptado en algunos países sólo parcialmente.
Ahora bien, algo bueno y digno de rescatar es que:
“un número de países en los cuales las leyes de aborto eran altamente restrictivas a mediados de la década de los noventa, las han liberalizado desde entonces, generando expectativas sobre el descenso en la cantidad de procedimientos clandestinos. Y en muchos países en desarrollo en los cuales el aborto está legalmente restringido, el acceso al aborto seguro parece estar aumentando, especialmente entre las mujeres del medio urbano, de clase media y alta, que disponen de los medios necesarios para pagar los servicios de médicos particulares. En parte, esta mejora en el acceso puede atribuirse a la utilización creciente del aborto con medicamentos.” (Guttmacher, 2009)
Sin embargo, en Latinoamérica, el derecho al aborto, a diferencia de la mayoría de países de Europa, se da con más restricciones. Por ejemplo, en Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador o Bolivia el aborto es ilegal exceptuando ciertos casos, como cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación. En el caso de El Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, razón por la que el Comité de la ONU le pide a El Salvador despenalizarlo. Del mismo modo, en Nicaragua, República Dominicana, y hasta en el Vaticano, el aborto está prohibido en todas las circunstancias. En El Salvador, igual que en esos países, el derecho de la mujer a decidir y elegir sobre su embarazo queda imposibilitado. En este país, existe una posición férrea en los sectores más conservadores a no doblegar o modificar la ley sobre el aborto. Una prueba de ello es que han estado dos presidentes de izquierdas y la despenalización del aborto no se realizó. Y el nuevo presidente, quien al parecer seguirá una línea más conservadora que los anteriores, no parece que esté interesado en despenalizarlo.
En absoluto contraste, como ya se mencionó arriba, a pesar de que el aborto es considerado un delito en El Salvador y «que se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y 12 al personal médico que realizase la intervención”, éste se sigue practicando. Estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud indican que en El Salvador el aborto inseguro es una de las cinco principales causas de muerte de mujeres entre los 15 y 44 años de edad (OMS 2012). Ante esto, 12 países se unieron, en solidaridad con las víctimas de esta visión arcaica y repleta de crueldad, para denunciar la penalización absoluta del aborto en El Salvador: En sus intervenciones ante el Consejo de Derechos Humanos, los Estados de Australia, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido, recomendaron a El Salvador reformar la ley que criminaliza de manera injusta y absoluta el aborto (CRR, 2014).
Y si bien es cierto que existen muchas estrategias de prevención para reducir los casos del aborto peligroso en El Salvador, la mejor de ellas consiste, dicho de una forma lacónica, en la despenalización del aborto. Esto disminuiría considerablemente los casos en condiciones de riesgo, que tantas muertes y daños físicos, psicológicos y condenas legales dejan a las mujeres que osan hacerlo.
Para la mayoría de obispos católicos, el aborto en todas sus formas, sin ponerlo en tela de juicio, es un crimen, pues ellos consideran, como lo hacen los grupos pro-vida, que desde el momento de la fecundación lo que la mujer porta dentro de sí es una persona humana a la cual no deberían matar bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, en El Salvador la propuesta de despenalización del aborto se ve frenada constantemente por la opinión infundada de la Iglesia Católica y la de las iglesias evangélicas; a pesar de que muchos de sus líderes hayan sido objeto de numerosas críticas por su falta de autoridad moral y por los numerosos escándalos en los que se han visto involucrados, estas iglesias siguen teniendo mucho respeto de la sociedad salvadoreña, pero los individuos conscientes y pensantes las desenmascaran.
Empero, la iglesia sigue su ruta en contra del aborto, una muestra es el llamado que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una de sus misas dominicales hizo: «Ante la propuesta de legalizar el aborto en nuestro país (…), pedimos a todos nuestros diputados, de todos los partidos, no legalizar tan grave crimen» (France 24, 2018, párr 2). Continuó: «La Iglesia siempre estará a favor de la vida y no de la muerte, es la ley de Dios que nos manda no matar; matar a un niño en el seno materno es gravísima violación a esa ley de Dios» (France 24, 2018).
Así pues, la Iglesia Católica se declara a favor de la vida, pero al parecer la vida de las mujeres que se exponen a realizar un aborto en condiciones de riesgo y a sufrir otras veces penas totalmente desproporcionadas al supuesto delito no parece tener mucha relevancia. Según Carlos Salinas Maldonado: “Organizaciones feministas salvadoreños contabilizan 49 condenas contra mujeres entre 2000 y 2014 y las autoridades han denunciado a 250 en total”. Estas vidas, plenas y constituidas, parece que no tienen mucha importancia en la agenda de la iglesia católica, preocupada por los casos de aborto y pávida ante una posible modificación a la ley del aborto. Sobre esta postura, lo más preciso que se puede esgrimir es que se trata de una doble moral que propagan.
Bibliografía
France 24. (15 de 04 de 2018). France 24. Obtenido de https://www.france24.com/es/20180415-iglesia-se-pronuncia-contra-legalizacion-de-aborto-en-el-salvador
CRR. (11 de 10 de 2014). CRR. Obtenido de https://reproductiverights.org/12-estados-solicitan-a-El-Salvador-despenalizar-el-aborto
Foca, L. (2018, noviembre 26). Aborto, niñas, y Carl Sagan. Retrieved from Archivo de video: Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=uBpoPfukLqY
OMS. (26 de Junio de 2019). Obtenido de Prevención del aborto peligroso: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion#
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OMS. (26 de junio de 2019). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
Sagan, C. (1998). Miles de Millones
