Por Cecilia Barona
“Nunca olviden que solo hace falta una crisis política, económica
o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados.
Estos derechos nunca pueden darse por sentados. Debes permanecer vigilante durante toda tu vida”
-Simone de Beauvoir
La construcción del Estado nación en México en el siglo XIX, igual que en muchos otros países (si no es que en todos), fue androcéntrica, centrada en la universalidad de las necesidades de los hombres. Ellos gobernaban, legislaban e impartían la justicia, y parte del entramado que era de su propiedad o de su pertenecía era el cuerpo y la vida de las mujeres. La acción femenina estaba centrada en el ámbito privado, a saber, en las labores del hogar, el cuidado de las personas enfermas, la enseñanza de ciertas actividades (la costura, por ejemplo), la partería, entre otras, pero en la vida pública no tenían ni la menor injerencia.
Hoy en día parece casi inimaginable una sociedad mexicana que no tenga la participación de las mujeres en la vida pública del país, sin embargo, hace apenas 67 años se logró el sufragio femenino a nivel federal y solo hace 43 años, por primera vez, una mujer gobierna un estado de la república. Con esto, el derecho político de las mujeres de votar y ser votadas se hizo una realidad, no obstante, la justicia de género[1] sigue siendo una exigencia vigente en la actualidad.
Desde antes de la obtención del voto, la lucha de las mujeres fue perseverante y lo sigue siendo. Sus exigencias constantes al Estado Mexicano, así como su ingreso y participación en espacios como la academia, asociaciones no gubernamentales, el activismo, el gobierno, el poder legislativo y el judicial (espacios que también el movimiento se ha ganado) han rendidos frutos. Hoy podemos hablar de las obligaciones que tiene el Estado por la firma y ratificación de Convenciones internaciones[2] como la CEDAW y la Convención Belém Do Pará, además de la expedición de las Leyes Generales[3] para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Una manera con la que el gobierno cumple con estas obligaciones es con policies, en otras palabras, con acciones de gobierno. Julio Franco (2013) clasifica la policy en tres dimensiones:
- Políticas de Estado: Son acciones que implementa únicamente el ejecutivo federal, que están plasmadas en la Constitución y transcienden los periodos de gestión de gobierno. Buscan alcanzar macro objetivos.
Si bien estas policies son de alcance general y su aplicación debe ser a nivel nacional, no excluye que se contemplen las necesidades específicas de las mujeres.
- Políticas de gobierno: Son acciones gubernamentales cotidianas y permanentes que atienden males públicos que afectan a la sociedad en conjunto; son instrumentadas por ramos y competencias administrativas. En su diseño e implementación intervienen los tres niveles de gobierno. Éstas tienen el sello distintivito de la administración en el poder.
- Políticas públicas: Son acciones de gobierno creadas con la participación de la ciudadanía, buscan dar solución a un problema público en específico y sus objetivos son de interés o beneficio público.
Las tres dimensiones de la policy son imprescindibles para acabar con la opresión de género que afecta a las mujeres, ya que el Estado mexicano debe garantizar que se incorpore la perspectiva de género[4] en todos los ámbitos institucionales que a éste le competen, a esto se le conoce como transversalidad. Sin embargo, las políticas públicas son un reflejo de lo que el gobierno prioriza, de lo que un gobierno considera que es importante y urgente, y a lo que va a brindar mayor presupuesto y recursos públicos para buscar su solución.
En virtud de ello, es indispensable reflexionar y analizar el papel que ha jugado la Cuarta Transformación, en especial la administración del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y con ello garantizarle a las mujeres el reconocimiento pleno de sus derechos, en especial el derecho a una vida libre de violencia.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que la política social del Gobierno de Andrés Manuel tendrá la participación de toda la sociedad, pues la transformación o nueva construcción será colectiva e incluirá “la vasta diversidad de posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones e idiomas, ocupaciones y oficios, edades e identidades y preferencias sexuales” (ibidem, p. 12) y estará guiada por “una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales” (idem), por lo que deberá combatir la pobreza y marginación.
Para tales efectos, el Ejecutivo Federal y todo su aparato de gobierno pusieron en marcha nueve programas sociales: el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes escribiendo el futuro, Desarrollo Urbano y Vivienda, Programa Nacional de Reconstrucción, Sembrando vida y Tandas para el bienestar.
Los nueve programas prioritarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador tienen como población objetivo diversos sectores de la sociedad como las personas adultas mayores, las infancias y las y los adolescentes, las personas que viven con alguna discapacidad, las personas microempresarias, personas jóvenes, personas sembradoras, entre otras; sin bien en los sectores tomados en cuenta y beneficiados se encuentran las mujeres, en ninguno se incorporan acciones para resolver los problemas sociales que se encuentran en la agenda feminista, como la violencia contra las mujeres, los embarazos de las adolescentes y las niñas, el acceso legal a la interrupción del embarazo, entre otros.
Nadine Flora Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres mencionó en la Mañanera del 13 de julio de 2020 en Palacio Nacional que “una gran mayoría, más de la mitad (..) [de beneficiarios de], por ejemplo, los Programas de Apoyo y Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, son mujeres. Pero también en los programas de Mejoramiento Urbano, en los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa excepcional, y aun Sembrando Vida…”, sin embargo, es necesarios preguntarse ¿de qué forma contribuyen estos programas en la búsqueda de la justicia de género? Y si contribuyen ¿cómo esto garantiza el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres?
Gasman afirma que en una encuesta realizada por el gobierno federal, una de las principales solicitudes de las mujeres es tener independencia económica y trabajos mejor remunerados. Al respeto, hay que entender que las sociedades modernas han encasillado a las mujeres en el papel (cautiverio) de la madre-esposa; para Marcela Largade “ser madre y ser esposa consiste para las mujeres en vivir de acuerdo con las normas que expresen su ser —para y de— otros, realizar actividades de reproducción y tener relaciones de servidumbre voluntaria…” (214:280), sin lugar a dudas, entender este papel es pieza clave para comprender la opresión y desigualdad que enfrentan las mujeres tanto en el ámbito privado, como en el público.
En ese sentido, los Programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Tandas para el Bienestar pueden beneficiar de forma laxa a las mujeres en la búsqueda de su independencia económica, pero el primero no solventa la solicitud de “trabajos mejor remunerados” y el segundo no es de fácil acceso para cualquier mujer, aunado a ello, en ninguno se contempló la perspectiva de género.
Por otra parte, si consideramos que el Gobierno debe de dar garantía a las mujeres del reconocimiento y no vulneración de sus derechos humanos, con otras policies como las políticas de gobierno, cuando en el año 2008, entró en vigor como norma oficial el Anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres[5], junto con ello el Capítulo IV De la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación, se logra institucionalizar la política de Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género.
No obstante, el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR afirma que la asignación de recursos para el Anexo 13 de la administración gubernamental actual es cuestionable, pues “la mayor parte de los recursos están asignados a los programas prioritarios (…), pero su contribución para garantizar la igualdad de género y una vida libre de violencia queda poco clara” (2022:1).
Asimismo, el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR afirma que la Secretaría de Bienestar tiene el mayor número de los recursos del Anexo 13, sin embargo, el 91% es destinado al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, mientras que otros programas a cargo de la misma secretaría, que sí tienen a las mujeres como población objetivo y buscan atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, como el Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) cuentan con menos del 1% del recurso. Casos similares suceden con la Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública.
Algo parecido sucede también en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, que tiene como titular a Fabiola Alanís Sámano. La CONAVIM es la encargada de coordinar a los tres niveles de gobierno para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. También es el órgano de gobierno encargado de activar las Declaratorias la Alerta de Violencia de Género y entregar subsidios a los Estados y Municipios para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en las declaratorias, así como subsidios para los Centros de Justicia para las Mujeres y, ahora con la desaparición por decreto presidencial del INDESOL, para el Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, desde finales de mayo del año en curso.
Con respecto al Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y el recurso destinado para éste, la Red Nacional de Refugios en voz de su Directora, Wendy Figueroa, aseguró al medio periodístico El País que hay refugios que no han recibido la transferencia del presupuesto. La misma Red ha hecho público por medio de redes sociales como Facebook su exigencia de la pronta entrega de dicho presupuesto.
Frente a tal panorama, en las políticas de Estado poco o nada se observa la perspectiva de género. Por poner algunos ejemplos, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 tiene 8 ejes principales, algunos de ellos son garantizar empleo, educación, salud y bienestar; el pleno respeto y promoción de los derechos humanos; la regeneración ética de la sociedad; reformulación del combate a las drogas; y emprender la construcción de la paz. Sin embargo, solamente en dos ocasiones habla de las mujeres, dos veces de género, una vez de feminicidio, en ninguna ocasión de perspectiva género y mucho menos de las violencias específicas que sufren las mujeres.
Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene su propia Política Exterior Feminista y la define como un “conjunto de principios que buscan, desde la política exterior, orientar acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdad de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera” (2020:4). Entre sus principios están: política exterior con perspectiva de género y agenda feminista exterior Plus, una SRE paritaria, SRE es feminista interseccional, entre otras. No obstante, no es totalmente claro qué entiende el Canciller Marcelo Ebrard como feminismo, o a qué se refiere con una “agenda feminista exterior plus”, ¿acaso no parece más marketing político que una política con verdadera perspectiva de género? Y qué pensar de la frase escrita en la presentación de la política “el gobierno de México es feminista y nuestra política exterior también lo será”. ¿En verdad el gobierno de México es feminista? La respuesta es no.
Por ello, a modo de conclusión, es posible sostener que el mandato del Presidente Andrés Manuel, tanto en discurso como en acción ha olvidado —o no quiso tomar en cuenta— que las mujeres representan más del 50% de la población que gobierna y que son ellas las que sufren mayores índices de discriminación, violencia y pobreza. Las olvidó cuando en ninguna de sus policies las tomó como población objetivo, cuando disminuyó el presupuesto de los programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias de las que son víctimas por razones de género.
La 4T ha llevado una política diferente a la que nos habíamos acostumbrado en sexenios anteriores, más del pueblo y para el pueblo, sin embargo, ésta sigue siendo androcéntrica. A dos años de que termine el mandato de AMLO, ya figuran los y la candidata a la presidencia para las próximas elecciones. Por un lado está Adam Augusto, secretario de Gobernación y mano derecha del Presidente, de quien se puede deducir que llevará una policy y politics muy parecida a la del actual presidente. También un posible candidato es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2012, sexenio en el que se comenzó e inauguró la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (¿qué tan responsable es éste del colapso que sufrió la línea entre las estaciones Tezonco y Olivos en mayo del año pasado?) y Claudia Sheinbaum, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ¿será que tener por primera vez una mujer presidenta en el país garantizaría policies con perspectiva de género?
Bibliografía.
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[1] Se entiende como justicia de género al logro de la igualdad entre hombres y mujeres, en conjunto con medidas o/y estrategias que reparen las desventajas sociales que conllevan a la opresión, subordinación y devaluación de las mujeres y con ello puedan acceder y controlar los recursos (CEPAL, 2014)
[2] En el año 1980 el Estado mexicano se suscribe a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y para 1995 a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém Do Pará)
[3] En agosto de 2006 entra en vigor la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en febrero de 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
[4] La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 5, inciso IX define la perspectiva de género como: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Su propósito es eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Busca promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto, y el bienestar de las mujeres. También busca contribuir a una sociedad en la que hombres y mujeres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
[5] El objetivo del Anexo 13 es identificar el conjunto de acciones, dependencias, programas y los recursos asignados para la erradicación de la violencia de género, promover la igualdad entre mujeres y hombres, y erradicar la discriminación.
