Foto de Angélica Mancilla
Por Ximena Cobos CRUZ
El lunes 5 de agosto del presente año, como ya se habrán enterado, con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó dos proyectos que pretendían invalidar la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la atención y prevención”, que entró en vigor en 2016.
Con dicha resolución, la SCJN ratifica el derecho de las mujeres y niñas, víctimas de violación, a la interrupción del embarazo, al eliminar los requisitos de la denuncia penal previa y la venia de la autoridad competente, que hasta ahora habían impedido el ejercicio de ese derecho en todo el país. Para acceder a él solo será necesario hacer la solicitud bajo protesta de decir verdad y las menores de 12 años deberán solicitarlo por conducto de su madre, padre o tutor; además, el personal de salud no estará obligado a verificar lo dicho por la víctima.
Si bien aún estamos en la lucha de conseguir el aborto legal en la totalidad del territorio por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, con esta acción se gana terreno en despojarnos de la opresión y la tutela de esas figuras de autoridad impuestas y que tan sólo han cuestionado nuestras decisiones por bastante tiempo, considerando a las mujeres sólo un contenedor o una incubadora, cuando de embarazo y sexualidad se trata. Aunque no puede negarse que suena a desventaja que todavía las menores de edad deban depender de un adulto para solicitar la interrupción del embarazo, pues muchas veces estos son los que no apoyan la decisión de la niña víctima de violación por diversas circunstancias y prejuicios. Habremos de analizar la viabilidad de proponer una modificación al respecto. Con todo y eso, sabemos que no hay victorias absolutas todavía y que las variables para poder legislar sin cometer omisiones aún representan una complejidad que no debe ignorarse; por el contrario, este ojo agudo y crítico, capaz de detectar huecos, es enteramente necesario.
Cabe decir que el artículo 35 de la Ley General de Víctimas, vigente desde el año 2013, establece que “a toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo”, con absoluto respeto a su voluntad. Asimismo, indica que “en cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género”.
En ese sentido, la interrupción voluntaria del embarazo tiene fundamentos jurídicos en los derechos a la igualdad y la no discriminación, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a la vida, la salud, la integridad, a no sufrir tortura y malos tratos, y a la vida privada (autonomía reproductiva).
Ahora bien, es verdad que los acompañamientos y la sororidad están construyendo, sin necesidad del reconocimiento legal del Estado, espacios seguros que alejan de la clandestinidad insalubre y riesgosa a las mujeres que han decidido interrumpir sus embarazos, no obstante, que existan varias opciones para nosotras que no estén en el límite de poner en peligro nuestra vida y nuestra salud es más un beneficio que una acción desfavorable. Sí, también es verdad que incluso existiendo la opción del aborto, legal o no, prevalece una cultura que nos ha educado para ser madres como un deber que concreta nuestro propósito en la vida y que aun cuando las condiciones económicas y emocionales no sean las mejores, muchas mujeres no ven como una opción interrumpir el embarazo. Pero, es de considerarse que la existencia del instrumento legal que permita no ser encarcelada tras decidir llevar a cabo un aborto va naturalizando esta opción, visibilizándola y poniéndola en la realidad de las mujeres, de la mano de los acompañamientos que son muestra clara y concreta de que la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos es sólo nuestra, así como de la realidad de que vamos a seguir abortando con o sin legalidad.
Seamos realistas, muchas de las discusiones por nuestros derechos las hacemos desde una posición privilegiada pues tenemos educación, acceso a la información y un círculo de acompañantes sororas con los mismos rasgos o muy similares. En ese sentido, nos olvidamos de las mujeres que no están en nuestras condiciones y que también han sido capaces de decidir interrumpir sus embarazos, sin embargo, las condiciones en sus estados y comunidades no están dispuestas para lograrlo de manera exitosa, sin arriesgarse a perder la vida. Y no, no traigamos a cuento la sabiduría de nuestras ancestras con sus plantas, porque somos nosotras, las de los privilegios y la educación formal, quienes también estamos volteando la cara hacia esos recursos naturales y ni siquiera lo hacemos buscando el conocimiento en ellas, las mujeres de las hierbas, las de los puestos en la calle y los mercados, las casas donde se hacen limpias y sobadas. Recuperamos la información desde las infografías de Facebook, los libros de ginecología natural y toda la información libre en la nube. No es que esto sea malo, lo que trato de señalar es que dichos saberes se están perdiendo, porque mucho de lo que tiene que ver con las plantas medicinales entre la clase menos privilegiada se ha volcado hacia la producción y venta de éstas porque les representa un modo de vida en un sistema que exige generar dinero, más no hacia su uso y reconocimiento de sus propiedades; o simplemente la migración a las ciudades ha desvinculado a las personas de estos saberes tradicionales, como pasa con las lenguas de los pueblos originarios. Por tanto, no podemos ignorar que esto borra una opción para las mujeres que no viven en las ciudades. Por eso es importante entender que la lucha por el reconocimiento legal del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la maternidad junto con logros como el que ha ocurrido ahora con la SCJN no son meras sumisiones al Estado patriarcal, opresor. No estamos pidiendo que éste nos resuelva nuestros problemas al exigir el reconocimiento de un derecho que bien nos toca arrebatar mediante la autonomía rebelde -algo que siempre vamos a hacer-.
Antes bien, se buscan mejores condiciones para las otras que somos todas; y por supuesto que el camino hacia la concientización del aborto como opción, de la maternidad solo por decisión y de la desarticulación de los estereotipos de género es largo, sinuoso, cansado, pero también añejo, persistente y deseado. No se niega que una ley no soluciona los abusos sexuales, la maternidad obligada, pero al menos plantea mejores escenarios para educarnos y aprender en conjunto a transformarnos. 
